Juro desempeñar con lealtad y patriotismo bla, bla, bla...

Sin ánimo de sucumbir ante el terrible error que a diario cometen quienes pretenden psicoanalizar al complejo, intrincado, y no generalizable pueblo argentino, desafío al lector a que reflexione acerca de un hecho tan controversial como certero. ¿Por qué razón a la sociedad civil de la República Argentina no le indigna la corrupción? Pareciera efímero y amarillista preguntarse tal cosa, sin embargo, encuentro preocupante que hechos evidentes de corrupción política no detonen la ira más intrínseca de aquellos que habitamos este suelo.

Es notorio, quizás, que el núcleo de lo que aquí se esbozará deviene de un pensamiento puramente personal, pero ante los recientes hechos desenlazados en la arena judicial y política, el debate está en auge. Como en una poco graciosa parodia de los esquemas teóricos de frenos y contrapesos gubernamentales, el ambiente político rivaliza diariamente con la arena judicial, y viceversa. La batalla consiste en dilucidar si pesa más la legitimidad que otorga ser electo de manera democrática o ejercer un cargo cuyo principal rol es defender a la minoría oprimida de la así llamada “dictadura de la mayoría”. A dicho espacio violento se suman los medios de comunicación haciendo las veces de voceros de las partes, y la escena completa su elenco actoral. En medio de esta conflagración virtual, lamentablemente, permanece el pueblo argentino, impotente ante inculpaciones, denuncias, agresiones mutuas, y una gran cantidad de información que nunca parece asemejarse atinadamente a la verdad.

Más allá de lo que cada ciudadano crea o no, de la realidad que cada actor construya, la deshonestidad, la falta de transparencia en el ejercicio de la función pública y la impunidad con la que aquellos en el poder operan dentro de los confines de nuestro sistema de gobierno son casi una obviedad. La misma enemistad actual entre los Poderes Públicos es prueba fiel de la cuestionable calidad de nuestra democracia.

Ya hace varios años, por las mañanas, cuando me remito a leer selectivamente el diario (llámese cualquier cúmulo de información periodística impresa en papel: no ha lugar en esta afirmación alusiones a la Ley Mediática) mi mente no puede evitar especular en silencio. ¿Qué pasará por la mente de mis conciudadanos al enterarse de las peripecias realizadas por funcionarios públicos para estafar a quienes representan? ¿Apretarán sus puños inmersos en la más real de las broncas, o pasarán a la sección del clima? ¿Cómo afectará a la vida política de nuestro país que se conozca evidencia concluyente de malversación de fondos públicos, licitaciones espurias, testaferros mafiosos, empresas fantasmas, cuentas bancarias atestadas de dinero sucio, ineficiencia en el ejercicio de cargos políticos o judiciales, desinterés por el bienestar de la sociedad argentina, entre otras tantas variables devenidas de la creatividad delictiva de algunos de nuestros servidores públicos?

El punto a realizar es que, según parece, hemos naturalizado a la corrupción como un hecho inherente a la política nacional. El vergonzoso lema: “Es corrupto pero hace algo” nos ha infectado y contaminado, provocando la sumisión total al espectro de estafas de las que somos víctimas diariamente. Tal es así que la mismísima palabra “político” es utilizada como sinónimo de fraudulento, oscuro, deshonesto. Nos han vencido señores. El pueblo, detentor de la soberanía más plena, sucumbe ante las garras de aquellos que han burlado el ejercicio de la función pública tornándolo un ámbito de “zona liberada”.

Es allí donde comienza la historia de nunca acabar, allí en la mismísima cúpula de poder, allí en el punto más inalcanzable del panóptico político es donde comienza la cadena de ilegalidad que nos acecha. ¿Cómo pretender que un pueblo no cometa ilícitos, no viole las normas, no viva inmerso en la perenne anomia, cuando es ese el ejemplo que dan sus dirigentes, sus líderes? Al vivir en democracia, nuestra obligación es exigir la rendición de cuentas a nuestros representantes. No podemos vivir ajenos a la esfera pública hasta el momento de sufragar. El involucramiento es ineludible si de combatir la corrupción se trata. Debemos indignarnos, encolerizarnos, alarmarnos y actuar. Allí donde depositamos nuestro voto, debería estar nuestra voz, al igual que nuestros ojos atentos, suspicaces, cerciorando que se honre la Constitución Nacional.

Bajo la misma lupa, tampoco existe consenso sobre cómo nosotros, el pueblo, debemos expresar nuestra disconformidad con políticos que creemos corruptos. ¿Escraches, cacerolazos, manifestaciones, “voto castigo”, denuncias judiciales? Reaccionar ante aquel que creemos inepto para el cargo que ejerce no implica caer en la intolerancia, no obstante, sería conveniente analizar las implicancias del término “reaccionar”. Dista de ser justo el tener que aplicar uno mismo las leyes civiles, ante aquellos que no lo hacen, no obstante, permite que continuemos en el camino opuesto al de la barbarie. En fin, estos tiempos nos encuentran inmersos en un nuevo contexto, en el que las cuestiones de índole público han tomado relevancia a partir de una esperada reacción social, que comienza a delinearse como una especie de indignación colectiva. Creo que estos tiempos de polarización social en nuestro país nos encuentran unidos ante un despertar de conciencia general: la corrupción mata, y lo hace sin discriminar clases sociales o simpatías partidarias.

En suma, lejos de realizar una apología del descreimiento y la desconfianza hacia la clase política, esto implica una convocatoria a la conciencia colectiva, a la participación conjunta, al respeto por el país que habrá de ser el hogar de nuestros hijos. Sin más, insto a la sociedad entera a que repita a coro las sabias palabras que asevera un afamado cantautor español: “entre esos tipos y yo hay algo personal…” Sí señores, hay algo personal, y es la Argentina que nos debemos.