Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (porteños) nos encontramos en pleno calendario electoral. Las propuestas superficiales abundan. Las críticas simplistas también. ¿No es hora de plantearnos qué tipo de ciudad es la que queremos vivir y qué tan aceptable es que el distrito más rico del país cuente con amplios bolsones de pobreza donde la marginalidad se mezcla con el narcotráfico y la delincuencia, que especialmente padecen sus habitantes?
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La miseria en medio de la abundancia
La villa miseria es el nombre con el cual conocemos en Argentina a los asentamientos informales caracterizados por la densa proliferación de viviendas precarias. Son el producto tanto de la falta de respuesta de las administraciones o autoridades a la comunidad entera como asimismo de grupos de personas que no contando con los medios económicos necesarios para adquirir una vivienda de modo regular, requieren de un lugar donde vivir. De origen transitorio o de emergencia, con el correr del tiempo los barrios se hicieron permanentes, surgiendo una nueva categoría social, el villero, y con ello formas culturales e identidades sociales.
Los asentamientos precarios se caracterizan por presentar una ocupación del espacio de manera espontánea y no planificada, dando como resultado un trazado irregular.
Mi Buenos Aires querido: un poco de historia.
El origen histórico de los barrios está directamente relacionado con la concentración de población en los núcleos urbanos a causa de las migraciones, tanto internas como externas. Buenos Aires creció a estirones y la infraestructura de la ciudad no estaba preparada para recibir millones de personas llegadas tanto del interior del país como de ultramar.
Si bien no hay consenso acerca de cuál fue la primera villa miseria de Buenos Aires, la mayoría de los estudios indican que fue Villa Esperanza, hoy 31, de 1932. La crisis económica y el flujo de migrantes internos darían lugar a contradicciones sociales y urbanísticas que estarían presentes en toda la historia de las villas de Buenos Aires.
Surgida al pulso del crecimiento de la actividad ferroviaria y portuaria de la zona, también tuvo en su génesis un acento europeo. En 1940, el gobierno proveyó de viviendas precarias a un grupo social muy castigado: esos habitantes de lo que sería la villa de Retiro eran de origen italiano y el barrio se conocería durante décadas como «Barrio Inmigrantes». Hoy el Inmigrantes es uno más de los barrios de la Villa 31, junto al Güemes, Comunicaciones, YPF, y la creciente 31 bis. Y la génesis de inmigrantes sigue presente en los barrios, donde continúan siendo la mayor parte de los pobladores, aunque a diferencia de un primer momento, ya no en situación transitoria sino estable y definitiva.
Con el peronismo el problema de la vivienda tuvo lugar en el programa de gobierno. El Estado fomentó la construcción de barrios obreros y populares. El “derecho a la vivienda” fue una de las reivindicaciones básicas del peronismo, como parte del más general derecho al bienestar.
Sin embargo, la acción de los dos primeros gobiernos peronistas en materia de vivienda social no pudo incluir a un flujo migratorio que superó la infraestructura recientemente creada.
En 1956 se creó la Comisión Nacional de la Vivienda, cuya primera misión fue censar a la población de la ciudad. En un primer informe elevado al Poder Ejecutivo, se informó que en la ciudad existían 21 villas, habitadas por 33.920 personas.
Hasta este momento la cuestión de los barrios o villas no había sido abordada por las autoridades como un problema en sí, sin que hubiera por lo tanto medidas o planes para ellas. Luego del 56 las villas fueron un problema y su solución consistía en la total erradicación.
El panorama de fines de los ’50 y principios de los ’60, estará marcado entonces por la creciente presión para la erradicación por parte del Estado, y como contracara, la mayor organización y politización de la población villera.
Con la última dictadura militar argentina este proceso de crecimiento se revirtió drásticamente. Entre 1977 y 1981 se implementó un plan sistemático de erradicación de villas, principalmente en aquellas ubicadas en la Capital Federal, con el despliegue de estrategias de desalojo forzoso y expulsión masiva de estos habitantes.
Con el retorno de la democracia, comenzó a desarrollarse un proceso de reapropiación de la ciudad mediante estrategias de ocupación de casas vacías y de reocupación de las villas que aún existían. El Estado adoptó una posición diferente frente al fenómeno de villas y la política pasó a ser la de radicar a los habitantes en sus espacios a partir de la regularización de su dominio de las tierras ocupadas y la urbanización de estos barrios.
“El problema que es parte de la solución, la solución que es parte del problema.”
Las villas son un problema de subdesarrollo. Su existencia en el distrito más rico del país evidencia como problemática de fondo la cuestión de desarrollo. Las villas corresponden en sí, a una expresión de marginalidad urbana, o fácticamente a un no-logro del desarrollo. Con lo marginal hacemos referencia a lo opuesto a la integración, aquello cercano a la periferia. Influyen en ello factores sociales, culturales y de la personalidad: no participación en el sistema educativo, el alejamiento de las normas y valores centrales, el tipo de empleo y salario, como así las reglas de acceso a los servicios sociales son elementos que definen o no una situación de marginalidad.
Las villas desde sus orígenes se ubican dentro de la marginalidad al representar estrategias residenciales de ocupación de terrenos urbanos de forma ilegal. Las villas, en origen, suponen un problema de legalidad y marginalidad.
La situación es compleja ya que se ven enfrentados distintos tipo de reglamentaciones que hacen a lo más profundo de nuestra sociedad. Por un lado los derechos a la vivienda, a una vida digna, a un desarrollo pleno de las propias capacidades. Por otra parte los derechos a la propiedad, la seguridad jurídica y una situación integral del todo social.
Debemos asumir la existencia de estas zonas como partes integrantes de nuestra ciudad, y dotarlas de accesibilidad, infraestructura y servicios propios de una ciudad como Buenos Aires. El no asumir la problemática no hace más que complejizarla y agravarla. El dinamismo propio de la situación actual hace necesario medidas interdisciplinarias e interjurisdiccionales.
La cuestión de su exponencial crecimiento no debe ser subestimada. La presencia de los asentamientos en la ciudad es una problemática a abordar. El Estado debe hacer frente a las condiciones de quienes viven actualmente en barrios o asentamientos. Pero por otra parte se debe detener su crecimiento para poder llevar a cabo acciones que posibiliten la integración plena de las mismas al tejido urbano y un incremento en el nivel de vida de sus habitantes. Esto no puede ser abordado solamente por el gobierno municipal sino que debe coordinarse con las autoridades nacionales y con las reglamentaciones a nivel migratorio. Argentina es un país abierto, y debe seguir siéndolo pero siempre garantizando un posible y pleno desarrollo de quienes quieran habitarla y no un seguro sometimiento a condiciones de carencia y marginalidad. Estamos llamados a poblar el país, para que quienes quieran habitar el suelo argentino lo hagan de forma plena posibilitando el fin de su felicidad, y no siendo condenados a la exclusión que genere situaciones estructurales de marginalidad.
Si bien es cierto que la erradicación es una política errada y que no soluciona los problemas de fondo de esta problemática, es también cierto que la naturalización de la condiciones de los barrios marginales es igual de riesgoso. La aceptación de los derechos de sus habitantes, no implica un aval al conjunto de situación de carencia, precariedad y marginalización que se evidencia en estos contextos. Es decir, el hecho de tener derecho a una vivienda digna, no justifica la ilegalidad de los asentamientos como tampoco las condiciones poco dignas de los mismos. Tanto la erradicación como la naturalización de estos ámbitos llevan por distintos caminos al mismo punto: la violación de los derechos básicos de sus pobladores.
El Estado debe mostrar un rol activo, para lo cual debe diseñar políticas serias y no solo de “lavado de cara” como vemos cotidianamente. El control del crecimiento de los asentamientos y el desarrollo de nuevos es fundamental. El sobredimensionamiento de la problemática no hace más que acrecentar la inoperancia del aparato estatal.
La necesidad de integrar estos ámbitos al tejido urbano y social es esencial. Para ello los planes de urbanización con acceso de servicios y de infraestructura son esenciales. Se debe buscar la forma de respetar los valores y costumbres de los habitantes de los asentamientos dentro de los marcos propios de la urbanidad que caracterizan a una gran ciudad.
Las villas son barrios integrantes de la ciudad de Buenos Aires y como barrios es lógico que gocen de características particulares que les den un perfil distintivo. Se debe respetar el funcionamiento cultural de los barrios, buscando que asimismo lo argentino y porteño tenga lugar dentro de ellos. Pero de ninguna forma las condiciones marginales o de carencia deben escudarse en el respeto a los asentamientos. Las condiciones de vida y de accesibilidad deben ser garantizadas y consensuadas con las organizaciones vecinales. La apertura de los asentamientos hacia la ciudad y la apertura de la ciudad a los asentamientos debe ser un camino integral.
Cada uno de los habitantes de los barrios son seres humanos que gozan de la dignidad que caracteriza al hombre, merecen la posibilidad de acceder a las condiciones que permitan el pleno desarrollo de sus capacidades. Las villas deben ser ámbitos que propicien tales fines. Para ello es necesaria la presencia de la institucionalidad, de los servicios sociales y finalmente del Estado respetando las particularidades propias de los barrios y los intereses de sus habitantes, estableciendo como límite la dignidad del ser humano en cuanto a condiciones de vida respecta.
El derecho a la ciudad desde una perspectiva del desarrollo humano implica una visión con foco en la dignidad y la libertad de las personas sin las cuales el derecho a una vivienda representa un enunciado sin contenido. Estos derechos requieren de un esfuerzo bidireccional tanto del Estado como de los ciudadanos garantizando el primero los servicios y viéndose los últimos comprometidos a desempeñar un papel responsable en la vida ciudadana.
